Desde el mundo grecolatino hasta la actualidad, la relación entre democracia y mujeres ha experimentado una profunda transformación. En las democracias de la Antigua Grecia, especialmente en Atenas, y en la República romana, la participación política estaba reservada casi exclusivamente a los varones ciudadanos, mientras que las mujeres quedaban excluidas de la vida pública y de la toma de decisiones, limitadas principalmente al ámbito doméstico. A pesar de ello, algunas mujeres influyeron de forma indirecta en la sociedad y la cultura de su tiempo. Aunque la presencia femenina en la política ya se empezó a hacer visible durante la República, ésta fue en aumento cuando el modelo de familia –cuyos miembros estaban unidos por vínculos de sumisión al paterfamilias– entró en crisis hasta desaparecer definitivamente en el Imperio.
La presencia femenina fuera de la domus, la casa, iba en aumento a la par que la vieja idea de familia patriarcal tradicional perdía fuerza.
Con el paso de los siglos, las ideas de igualdad y ciudadanía fueron ampliándose progresivamente gracias a las luchas sociales y a los movimientos feministas, hasta lograr el reconocimiento del sufragio femenino y de los derechos políticos plenos en la mayoría de los países contemporáneos. En la actualidad, aunque persisten desigualdades y retos en la representación política y social, las mujeres participan activamente en los sistemas democráticos, ocupando cargos de responsabilidad y contribuyendo de manera decisiva a la construcción de sociedades más igualitarias.
Las democracias, aunque se fundamentan en la igualdad y la participación ciudadana, también pueden presentar riesgos cuando se debilitan sus instituciones o surgen discursos populistas, autoritarios o extremistas que cuestionan los derechos adquiridos. En estos contextos, las mujeres suelen encontrarse entre los colectivos más vulnerables, ya que sus avances en igualdad, representación política, acceso a la educación o derechos reproductivos pueden verse amenazados o incluso revertidos. La historia demuestra que, cuando una democracia entra en crisis o retrocede, con frecuencia aumentan la discriminación, la violencia de género y las limitaciones a la libertad y autonomía de las mujeres. Por ello, la defensa de una democracia sólida e inclusiva resulta esencial para garantizar la protección y el progreso de los derechos femeninos.